El sector industrial español representa el 15% del PIB, reúne a casi 200.000 empresas, da empleo a más de 2.400.000 personas y genera cerca del 54% de las exportaciones de bienes y servicios. Es considerable, pero aun así es inferior al objetivo medio de la UE, del 20%. Desde 2008 se han perdido 615.000 empleos en el sector y se han cerrado alrededor de 47.000 empresas.
Es verdad que la industria es un concepto estadístico vago, ya que muchas de sus actividades se encuentran externalizadas (contabilidad, consultoría, despachos laborales o mercantiles, ingeniería, montaje y mantenimiento, etc.). Pero la importancia de la industria no es estadística, sino estratégica. Las empresas industriales compran energía, materias primas y bienes y servicios: tienen lo que los economistas llamamos capacidad de arrastre hacia atrás. Y, además, no solo fabrica productos de consumo sino que también actúa como proveedor de bienes de inversión y capital: es la capacidad de arrastre hacia adelante.
Sin embargo, también tiene debilidades. Las grandes empresas españolas han lanzado políticas de internacionalización y crecimiento muy agresivas para las que no estaban preparadas, y son dependientes de las decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras. Recordemos, solo por poner unos ejemplos de sectores muy diversos, los casos de Arcelor Mittal, Indra, Abengoa, Pescanova o Fagor.
También las pymes presentan carencias. Muchas carecen de proyecto estratégico, no tienen experiencia internacional, ni disponen de una organización comercial asentada, prestan poca atención al marketing y, quizás lo más importante, no tienen recursos propios suficientes para poner en marcha procesos de crecimiento, innovación e internacionalización.
Tras una legislatura inane en materia de política industrial, centrada en el turismo, España necesita un Plan Nacional para el sector.
Hemos cogido miedo a las palabras e intentamos camuflar conceptos con eufemismos como ‘hoja de ruta’ o ‘agendas’. No. Lo que la industria española necesita son planes que marquen el rumbo, fijen prioridades y concentren los recursos en esas prioridades. Planes que se evalúen para conocer su impacto y resultados y que vuelvan a renovarse periódicamente para crear una cultura planificadora que dé continuidad y enfoque a la política industrial. Un plan compartido con los agentes económicos y sociales, construido de abajo-arriba.
Este nuevo ideario de la política industrial debe asociarse al concepto de competitividad empresarial, que amplía mucho el margen de actuación de la política industrial. Así hoy hablamos con naturalidad de industria del conocimiento, industria del ocio, industria de la moda. La política industrial así concebida requiere de la integración de los diversos sistemas que vertebran la economía y la sociedad. Todos los “sistemas” han de estar involucrados: sistema empresarial, sistema educativo, tecnológico, sanitario, e incluso el sector público. Un “sector público competitivo” puede alumbrar conceptos como colaboración público-privada, colaboración entre diferentes administraciones o compras públicas innovadoras.
